Seguramente, mientras lee este artículo, está utilizando energía eléctrica: en su ordenador, para cargar su celular, para meter la Coca-Cola en la refrigeradora o para usar el ventilador en 3 por el calor. Es una presencia tan cotidiana que pocas veces se cuestiona, hasta que empieza a fallar. Y eso es precisamente lo que hoy comienza a percibirse: señales de retroceso, debilitamiento operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, abandono de la red y desarme —circuito por circuito— de lo que tomó tiempo reconstruir.
La energía eléctrica es indispensable en la vida diaria de los hogares hondureños y es clave para el desarrollo de cualquier industria. Bajo esa premisa, el gobierno de Xiomara Castro la declaró como un derecho humano y un bien de seguridad nacional. A partir de ahí se impulsaron proyectos de electrificación —como en las comunidades garífunas de Iriona, Colón, donde nunca habían visto energía eléctrica—, se presentó la Ley Especial de Energía en 2022 y, desde la Secretaría de Finanzas encabezada por Rixi Moncada, se reorientó el presupuesto para aumentar la inversión en el sector.
Esa determinación por proteger lo público también marcó uno de los primeros desencuentros con los grupos de poder: Especialmente por la renegociación de contratos de generación, una medida (necesaria) para aliviar la carga sobre las finanzas públicas.
El gobierno también subsidió la energía a cientos de miles de familias, invirtió en la red de transmisión y distribución y puso en marcha el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), una intervención que empezó a ordenar técnicamente la distribución. Sin embargo, ese proceso hoy únicamente va en retroceso. Para sorpresa de nadie vuelve a aparecer el escenario ya conocido —privatización—.
En la red de distribución, lo primero que se revisa es el balance de energía por circuito. Cuánta entra al alimentador, cuánta se factura y dónde se está quedando el diferencial. Por las pérdidas la empresa deja de capturar más de un tercio de lo que compra o genera. Entre 2023 y comienzos de 2026 se observó una reducción en la curva de las pérdidas, luego de más de una década que la ENEE no podía recuperar ni un megavatio.
Con la intervención del PNRP y la inversión en energía las perdidas bajaron hasta alrededor de 33.6–33.7%, tres a cuatro puntos menos. En un sistema de este tamaño equivalen a cientos de GWh recuperados al año. Con costos medios de compra que suelen moverse en el rango de 0.11–0.15 USD/kWh (dependiendo de la mezcla), cada punto porcentual representa decenas de millones de dólares que pasan de no facturarse a convertirse en ingreso. En términos de caja, es la medida más directa para estabilizar a la empresa.
PNRP cuya lógica es conocida en distribución: sectorización de circuitos, balances energéticos periódicos, depuración de bases de clientes, regularización de acometidas y despliegue de medición avanzada (AMI). Donde se instalaron medidores inteligentes —Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba— se logró lectura remota, alarmas por manipulación y perfiles de consumo útiles para detectar fraude. En esas zonas, la reducción de pérdidas no técnicas fue altamente eficiente.
Hay equipos instalados, circuitos intervenidos, datos acumulados y procesos en marcha. Interrumpir ese ciclo corta la trazabilidad que se acababa de construir. Justo esa fue una de las primeras acciones de la administración de Nasry Asfura, despedir masivamente el personal técnico del PNRP que trabajaba en campo realizando una labor que es indespensable. En redes con alta informalidad, el rebote de pérdidas no tarda: sube el consumo no facturado, cae la recaudación y vuelve a abrirse la brecha financiera, que es lo que se puede predecir con las decisiones de la administración del Partido Nacional al frente de la ENEE.
La gestión de la distribución bajo la Empresa Energía Honduras (EEH), no consiguió bajar pérdidas a los niveles comprometidos y dejó rezagos en mantenimiento y control. Antes de eso, la reforma que separó funciones de la ENEE en la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) respondió, en buena medida, a una línea promovida por el Fondo Monetario Internacional: desagregar generación, transmisión y distribución para introducir competencia y participación privada. Esa arquitectura no corrigió el problema central de Honduras, que sigue siendo la pérdida en distribución y los altos costos de la generación, es la misma receta fallida que hoy esta implementando el Partido Nacional que sólo se tardó cuatro años en retomar el poder ejecutivo en Honduras.
Durante la administración de Xiomara Castro se tomó el camino contrario a las recomendaciones del FMI: mantener la empresa integrada, recuperar operación en distribución y renegociar contratos de generación. En cifras oficiales se habló de renegociaciones con ahorros anuales cercanos a mil millones de lempiras. Aun con esos ajustes, la deuda acumulada con generadores continúa siendo alta y condiciona las finanzas públicas.
El Partido Nacional simplemente no tiene un plan para continuar con el PNRP, con el parque de medidores AMI, con los circuitos ya sectorizados y con la información que permite gestionar la red. Aún sabiendo que si ese activo se utiliza para profundizar la reducción de pérdidas, el efecto financiero es inmediato. Si se desarma, el sistema vuelve a un estado que ya conocemos.
Cuando la ENEE pierde control sobre la energía que distribuye, el resultado se ve en tres frentes al mismo tiempo: caja insuficiente para pagar generación, deterioro del servicio por falta de inversión en red y aumento de transferencias públicas para cubrir el déficit. La secuencia es conocida: pérdida alta, ingresos débiles, endeudamiento creciente y, después, propuestas de separar la empresa y abrir la distribución. Volver a ese esquema con una red que todavía supera el 30% de pérdidas no resuelve el problema técnico de fondo. La variable que ordena el sistema sigue siendo la misma: cuánto de la energía distribuida se mide, se factura y se cobra.
La ENEE tiene hoy una base instalada que permite seguir bajando pérdidas. No es suficiente por sí sola —faltan inversiones en subestaciones, reconductorización de tramos críticos y ampliación de AMI—, pero es un punto de partida real. La decisión que se tome sobre esa base va a definir si el sistema se acerca a un equilibrio operativo o si vuelve a abrir la brecha que, más tarde, se usa como argumento para otra ronda de privatización.
