La lucha por el sentido de nación debe traducirse en un programa concreto de reivindicaciones y transformaciones profundas para el pueblo hondureño. No basta únicamente con resistir el avance del modelo neoliberal; es indispensable construir una propuesta nacional capaz de enfrentar la dependencia, el saqueo y la destrucción sistemática del país.
La crisis actual obliga a colocar nuevamente en el centro del debate qué tipo de nación queremos construir y al servicio de quién debe estar el Estado hondureño.
La lucha por la soberanía energética debe ocupar un lugar estratégico en esa discusión. Honduras posee condiciones privilegiadas para desarrollar una industria eléctrica nacional, particularmente por su geografía y su clima, que permiten la instalación de plantas hidroeléctricas, eólicas y solares, capaces de garantizar energía accesible de manera sostenida para toda la población.
Nuestro país tiene las capacidades naturales para convertirse en una potencia regional en energías limpias. Sin embargo, desde el golpe de Estado de 2009 se ha consolidado una conspiración política y económica orientada a frenar la construcción de infraestructura energética pública y entregar el sector a intereses privados nacionales y extranjeros.
Las comunidades, movimientos sociales y todos los sectores que aspiran a transformar Honduras deben asumir esta lucha como una prioridad histórica. La energía eléctrica no puede seguir tratándose como una mercancía controlada por grupos económicos; debe entenderse como un derecho fundamental ligado al desarrollo nacional, a la industrialización y a la dignidad humana.
Las luchas contra los altos cobros de energía, contra la privatización y por la electrificación de comunidades históricamente abandonadas serán determinantes para el futuro del país. Defender la infraestructura pública y exigir nuevas inversiones estratégicas es también defender soberanía.
La soberanía alimentaria constituye otro eje central de la lucha nacional. Hoy observamos una reducción evidente del apoyo estatal al agro, particularmente mediante el debilitamiento de BANADESA y otras instituciones públicas orientadas a financiar la producción nacional. Mientras se abandona al pequeño y mediano productor, continúan avanzando el acaparamiento de tierras, la concentración de recursos y el control territorial por parte de bancos, transnacionales y sectores ligados a la agroexportación.
Frente a esta realidad, una nueva política de distribución de tierras resulta indispensable. Obreros agrícolas, campesinos, pobladores y comunidades deben unirse en defensa del derecho a la tierra, la producción nacional y la soberanía alimentaria. La lucha por la tierra no es únicamente una demanda económica; es también una disputa por el territorio, por el derecho a permanecer en las comunidades y por la posibilidad de construir un modelo de desarrollo distinto al extractivismo y al despojo. De igual manera, la defensa de reservas forestales, fuentes de agua y espacios públicos saludables y recreativos debe formar parte de un nuevo horizonte nacional de protección y recuperación de los bienes comunes.
Nuestra soberanía también debe estar ligada al conocimiento, la ciencia y la tecnología. Honduras no podrá romper las cadenas de la dependencia mientras mantenga niveles estructurales de analfabetismo, exclusión educativa y subordinación tecnológica. El neoliberalismo ha intentado convertir la educación en una mercancía y reducir el conocimiento a un privilegio. Frente a eso, la lucha popular debe plantear un nuevo modelo educativo nacional y popular, articulado entre movimientos sociales, gremios, padres de familia y estudiantes.
No se trata únicamente de defender la educación pública frente a la privatización. Se trata de construir un sistema capaz de generar conocimiento, capacidades técnicas y desarrollo científico para el país. La disputa del siglo XXI también pasa por quién produce tecnología, quién controla la ciencia y al servicio de qué intereses se pone el conocimiento. Sin soberanía tecnológica no habrá independencia real.
La principal tarea de los revolucionarios y de las fuerzas populares debe ser organizar esas luchas dispersas en un solo horizonte nacional. Cada conflicto por energía, tierra, educación, agua o infraestructura forma parte de una misma contradicción de fondo: la disputa entre un modelo de dependencia y saqueo, y la necesidad histórica de construir soberanía popular.
“La principal tarea de nuestro partido debe de ser unirse a las luchas y reivindicaciones del pueblo y descubrir entre las masas qué sector de la población quiere cambios profundos, organizarlos y vencer”.
(Tomás Erazo Peña)
